Queremos una alimentación más saludable, un medio rural con futuro y nuevas generaciones que quieran vivir del campo. Pero, antes de hablar de vocación agraria, conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿qué oportunidades reales tienen para acceder a una tierra cultivable?
Pretender que los jóvenes se incorporen a la agricultura sin abordar el precio del suelo, el agua y la estabilidad de las explotaciones es como animar a alguien a montar una panadería sin ofrecerle un local donde trabajar. Se repite mucho el discurso del emprendimiento rural, pero se habla mucho menos de las condiciones necesarias para empezar.
El problema lo plantea Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, en su análisis «Tierra abandonada, tierra concentrada: dos caras de la misma crisis»: el abandono de superficies agrarias convive con la concentración de las tierras más productivas, especialmente las que tienen agua, en grandes propietarios y fondos de inversión.
No es una contradicción imposible de explicar. Es una señal de que la tierra puede dejar de organizarse alrededor de una pregunta —qué necesitamos cultivar— para hacerlo alrededor de otra: cuánto puede rentar.
Y entre ambas preguntas nos jugamos bastante más que el precio de los tomates.
El campo no se salva con homenajes
Hay algo profundamente hipócrita en celebrar al agricultor como figura indispensable y desentenderse de las condiciones que permiten que exista.
Se le pide que produzca, cuide el paisaje, conserve el territorio y contribuya a que los pueblos no se vacíen. Pero antes necesita algo elemental: una explotación viable.
Justicia Alimentaria sostiene que las ayudas a la incorporación y la formación no bastan si quienes quieren empezar no pueden acceder a tierra y agua. Por eso sitúa la propiedad y el uso del suelo en el centro del debate agrario.
La diferencia es importante. Una política que se limita a preguntar por qué los jóvenes no quieren trabajar en el campo puede acabar culpándolos. Otra que pregunta qué les impide hacerlo obliga a revisar las condiciones de entrada.
No basta con decirles que vuelvan al pueblo. Hay que dejar de tratar su futuro como si fuera un ejercicio de voluntarismo.
Agricultura no es cartera de inversión
Que una finca sea grande no demuestra por sí solo que se gestione mal. Tampoco que sea pequeña garantiza buenas condiciones laborales, cuidado ambiental o alimentos excelentes.
La cuestión es otra: qué ocurre cuando la capacidad de pagar por la tierra pesa más que la capacidad y la voluntad de trabajarla.
El análisis de Guzmán denuncia precisamente esa transformación: tierras que quedan fuera de uso mientras las mejores superficies se concentran en actores con mayor capacidad financiera. Su propuesta no se limita a producir más, sino a discutir quién puede producir y para qué mercados.
Acceso a la tierra y acceso a la alimentación deberían discutirse juntos. No podemos defender una alimentación de calidad y considerar irrelevante quién controla el lugar donde empieza.
No se trata de demonizar cualquier inversión. Se trata de no confundir la rentabilidad de un activo con el interés de quienes necesitamos comer.
Lo ecológico necesita algo más que una etiqueta
La agricultura ecológica no queda al margen de esta discusión.
Conviene evitar la postal fácil: ecológico no significa automáticamente pequeño, local, familiar o socialmente justo. Esas características pueden coincidir, pero no son intercambiables.
Por eso me interesan los proyectos concretos. No como estampitas de una supuesta vida rural perfecta, sino como experiencias que muestran qué significa sostener otra relación con la tierra.
Y aquí hay ejemplos que merecen más atención que muchos discursos institucionales.
Ecos del Lozoya: frutos rojos con origen
Más cerca de Madrid está Ecos del Lozoya, donde Jorge López y Anneleen Crabbé cultivan frutos del bosque y hortalizas ecológicas. Entre sus cultivos destacan las frambuesas —incluida la frambuesa amarilla—, las grosellas y los arándanos.
No es un ejemplo desconectado de lo que encontramos en las tiendas. En Espacio Orgánico explicamos nuestra relación con la finca, que le suministra frutos rojos y hortalizas.
Contarlo con transparencia importa. La cercanía no debería ser una palabra decorativa: debería permitir identificar de dónde viene un alimento, quién lo produce y qué relación existe entre la finca y quien lo vende.
Suerte Ampanera: ganadería y paisaje
Otro ejemplo es Suerte Ampanera, una ganadería de cabras situada en Colmenar Viejo, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Los hermanos Rafael y Alfredo González lideran un proyecto de ganadería ecológica extensiva con más de 2.200 cabras murciano-granadinas, de las que obtienen quesos y yogures. Su trabajo muestra que producir alimentos también puede ir unido a la conservación del paisaje y la biodiversidad.
No es una solución mágica para todos los problemas del mundo rural. Pero sí es una forma concreta de entender que una finca no es solo un lugar de producción: es también territorio, empleo y memoria.
Pedaque: huevos y trazabilidad
El tercer ejemplo es Pedaque, productor de huevos ecológicos que ha participado en los mercados de productores organizados por Espacio Orgánico.
Su presencia en estos encuentros permite que quienes compran puedan preguntar directamente cómo se crían las gallinas, de dónde procede el alimento y qué modelo de producción hay detrás de cada caja de huevos.
Estos proyectos recuerdan algo sencillo: conocer al productor no es romanticismo. Es una forma de exigir transparencia alimentaria y de valorar el trabajo que sostiene la comida que llega a nuestra mesa.
Ni Ecos del Lozoya, Suerte Ampanera ni Pedaque se citan aquí como casos acreditados de expulsión de la tierra. Son ejemplos de proyectos cuyo trabajo ayuda a entender qué merece la pena proteger.
Red TERRAE: facilitar tierra, no solo dar consejos
También existen experiencias que abordan directamente el acceso.
La Red TERRAE ha desarrollado un banco de tierras promovido por municipios para conectar terrenos disponibles con iniciativas agroecológicas. La documentación del proyecto recoge fórmulas de cesión y arrendamiento, así como compromisos de custodia y conservación.
No son pruebas de que exista una receta universal. Sí demuestran que hay alternativas al consejo vacío de «hazte emprendedor»: identificar parcelas, facilitar acuerdos y acompañar proyectos.
Bancos de tierras: herramienta, no varita mágica
Justicia Alimentaria propone bancos públicos de tierras que permitan poner terrenos abandonados o infrautilizados a disposición, prioritariamente, de jóvenes, mujeres, cooperativas e iniciativas agroecológicas vinculadas a mercados locales.
La idea merece discusión seria, no entusiasmo automático.
Un banco de tierras necesita algo más que un catálogo de parcelas. Como criterio de política pública, debería preguntarse:
- ¿La tierra permite desarrollar un proyecto viable?
- ¿Qué acceso al agua existe y con qué límites?
- ¿La duración del acuerdo permite planificar?
- ¿Quién acompaña a quienes empiezan?
- ¿Cómo se evita que el riesgo recaiga enteramente en el nuevo agricultor?
De poco serviría ofrecer una parcela si las condiciones hacen imposible continuar en ella. El objetivo no debería ser contar incorporaciones el primer año, sino facilitar que los proyectos sobrevivan.
Tu compra importa, pero no lo arregla todo
Llegados aquí aparece la respuesta habitual: compra local, elige ecológico, apoya al pequeño productor.
Puede ser una forma de actuar. Pero convertirla en la solución completa es cargar sobre el consumidor una responsabilidad que también corresponde a las administraciones y a quienes organizan los mercados.
Nadie arregla la estructura de la propiedad agraria eligiendo una bandeja de frambuesas.
Lo que sí podemos hacer es exigir información, conocer a los productores y no conformarnos con palabras bonitas. «Natural», «cercano» o «sostenible» deberían abrir preguntas, no cerrarlas.
El relevo generacional tampoco se paga con aplausos. Necesita condiciones materiales para que cultivar no sea un privilegio reservado a quien ya tiene tierra o dinero suficiente para conseguirla.
Quién podrá producir lo que comeremos
La soberanía alimentaria, tal como la entiendo aquí, empieza por algo muy concreto: no desentendernos de quién puede acceder a los recursos necesarios para alimentarnos.
Podemos llenar las estanterías de mensajes verdes y seguir dejando fuera del campo a quienes quieren trabajarlo. Podemos hablar de pueblos vivos mientras tratamos la tierra únicamente como una inversión.
O podemos empezar a relacionar asuntos que nunca debieron separarse: propiedad, agua, trabajo, alimentación y salud.
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Porque una finca no es solo una cifra en un balance.
Y un país que quiere comer mañana debería preocuparse hoy por quién podrá sembrar.
¿Quién podrá cultivar lo que comemos?