Fertilizantes ecológicos frente a la guerra en Oriente Medio

Cuando la guerra y el genocidio se intensifican en Oriente Medio, solemos ver titulares sobre petroleros, gasoductos y precios de la energía. Menos visibles, pero igual de importantes, son los efectos en los fertilizantes que llegan a los campos europeos.

Una parte sustancial del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados —en especial la urea— atraviesa el estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas del planeta.

En 2026, el precio de la urea se ha disparado en torno al 26–40%, según distintos análisis de mercado, y en términos interanuales ya se acerca al 80% de aumento.

Esto no es un azar: los fertilizantes nitrogenados no son sino gas natural transformado. Su producción depende directamente del gas fósil, de acuerdos internacionales y de megacompañías que concentran el mercado a nivel global.

Cada crisis energética o tensión geopolítica en Oriente Medio se traduce, por tanto, en un gran impacto en los precios en el campo europeo, y en España vemos el mismo patrón: el volumen de fertilizantes apenas crece, pero el valor del mercado se dispara.

Un mercado con pocas manos y muchos márgenes

El sector de los fertilizantes está altamente concentrado: unas pocas empresas controlan la producción, la logística y la distribución, creando un escenario de oligopolio.

En España la demanda es rígida porque la agricultura industrial depende de manera estructural de estos insumos, lo que convierte al sector en un espacio privilegiado para la extracción de rentas, especialmente en momentos de crisis.

En 2022, durante la crisis energética, los beneficios combinados de las nueve mayores compañías de fertilizantes pasaron de unos 28.000 millones de dólares a 49.000 millones, multiplicando casi por dos sus márgenes.

Hoy, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia investiga varias grandes empresas por posibles prácticas de colusión y fijación de precios, y en Brasil el ministro de Agricultura ya ha alertado de subidas “oportunistas”, cuando las existencias de fertilizante son suficientes.

En este contexto, las ayudas públicas, como los cerca de 500 millones de euros destinados en España a la compra de fertilizantes, pueden terminar reforzando el sistema en lugar de transformarlo.

Sin control de precios ni requisitos sobre márgenes, estas ayudas se convierten en una transferencia indirecta de dinero público hacia la industria, sin abordar de fondo la dependencia del gas fósil ni la concentración del mercado.

La pregunta central ya no es solo “por qué suben los fertilizantes”, sino quién se beneficia realmente de que suban. En el caso de la agricultura industrial, la presión fiscal, la dependencia de suministros externos y la rigidez de la demanda permiten que gran parte de los incrementos se queden en las cuentas de resultados de unas pocas corporaciones. Y mientras el agricultor solo puede reducir dosis, asumir pérdidas o endeudarse para mantener el modelo.

Desde el punto de vista climático, además, el esquema se vuelve aún más contradictorio. El uso intensivo de fertilizantes nitrogenados contribuye a emisiones de óxido nitroso (N₂O), un gas con un potencial de calentamiento global varias veces superior al del dióxido de carbono.

Así, un sistema que depende del gas fósil para producir alimentos se convierte también en un reforzador silencioso de la crisis climática.

Agricultura ecológica: otro modelo de fertilización

Frente a este modelo, la agricultura ecológica plantea otra forma de entender la fertilidad del suelo: menos dependencia de gas natural, menos vulnerabilidad a las crisis geopolíticas y una fuerte apuesta por la regeneración de la tierra.

En este sistema NO se utilizan fertilizantes sintéticos, sino que se trabaja con un conjunto de opciones que nutren la planta y, al mismo tiempo, mejoran la salud del suelo.

Entre los fertilizantes más empleados en agricultura ecológica encontramos:

Estiércoles compostados: Proceden de excreciones animales tratadas, muy ricos en materia orgánica y en nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Aportan un fertilizante de liberación lenta y mejoran la estructura del suelo.
Compost vegetal y orgánico: Resultado de la descomposición controlada de residuos de poda, restos de cosecha o restos vegetales industriales. Aporta materia orgánica estable, microorganismos beneficiosos y mejora la capacidad de retención de agua del suelo.
Humus de lombriz: Un abono muy valorado por su alta concentración de nutrientes fácilmente asimilables y por su efecto sobre la microbiología del suelo.
Abonos verdes y cultivos de cobertura: Se siembran plantas (como legumbres) que capturan nitrógeno del aire, lo fijan en el suelo y, al ser incorporadas, enriquecen directamente la tierra sin recurrir a fertilizantes gaseosos.
Harinas y subproductos vegetales: Harina de algodón, de soja, de hueso o de otros restos vegetales, que aportan nitrógeno, fósforo y oligoelementos de forma gradual.
Minerales y rocas naturales: En algunos casos, dentro del marco de la agricultura ecológica se permiten ciertos minerales de origen natural (fosfatos, sulfatos, calizas, etc.), siempre que se ajusten a la normativa vigente y se utilicen con moderación.

Este conjunto de herramientas reduce la dependencia de una cadena global de gas, fósforo y potasa controlada por grandes grupos y la desplaza hacia ciclos locales: compost de restos de cultivo, residuos ganaderos gestionados de forma responsable, cultivos de cobertura y biorremediación del suelo.

La guerra en Oriente Medio no ha creado el sistema agroalimentario actual, pero lo ha desnudado. Muestra cómo la dependencia de gas fósil, la concentración del mercado de fertilizantes y la ausencia de políticas de control de precios convierten cada conflicto en un negocio para unos pocos y en un coste para agricultores, consumidores y contribuyentes.

¿Por qué el modelo ecológico es una salida real?

La agricultura ecológica no es una respuesta mágica, pero sí es una alternativa que permite desconectar el campo del gasoducto y del oligopolio del fertilizante. En lugar de depender de abonos minerales producidos con gas natural, se basa en la construcción de fertilidad del suelo mediante materia orgánica, microorganismos y sistemas más resilientes. Esto reduce exponencialmente la vulnerabilidad a las crisis geopolíticas y a las especulaciones de mercado.

Además, el modelo ecológico favorece modos de producción más resilientes frente a los problemas climáticos: mejora la retención de agua, reduce la erosión y disminuye la fuga de nitratos al agua y al aire, lo que por sí solo supone un freno importante a problemas ambientales derivados del uso intensivo de fertilizantes convencionales.

Sin embargo, este modelo solo puede extenderse si se acompaña de políticas que reconozcan su valor: incentivos basados en la calidad del suelo, no en la tonelada de abono; apoyo a la innovación en cultivos de cobertura, rotaciones y compostaje local; y regulación estricta de los márgenes en el mercado de insumos agrícolas.

La realidad que describe Javier Guzmán en su artículo, enlazado arriba, es incómoda pero clara: la guerra se convierte en un negocio cuando el sistema permite que unos pocos se enriquezcan a costa de quienes producen la comida.

La respuesta no puede ser solo aumentar la cuenta de los subsidios, sino cambiar el modelo sobre el que se sostiene la agricultura convencional.

En este mapa, la agricultura ecológica se sitúa como el brazo práctico de una transición: un sistema que usa otros tipos de fertilizantes, que se nutre de residuos bien gestionados, de suelos vivos y de ciclos cortos, y que, por eso mismo, es menos sensible a las guerras en Oriente Medio y a las decisiones de los gigantes de los abonos.

En Espacio Orgánico defendemos que la calidad de la alimentación no puede subordinarse a los vaivenes del gas fósil ni a los intereses de unas pocas empresas. La salida pasa por apoyar de forma decidida a quienes cultivan con criterios ecológicos, promover la educación sobre fertilización natural y exigir que las políticas públicas lidien de verdad con el poder de los oligopolios del fertilizante, no solo con la factura que paga el agricultor.