El debate sobre la publicidad de alimentos ultraprocesados y bebidas insanas dirigida a la infancia ha vuelto con más fuerza que nunca. El reciente barómetro presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo revela una opinión pública abrumadoramente favorable a establecer límites claros frente al bombardeo de mensajes publicitarios que fomentan hábitos alimentarios poco saludables entre los más jóvenes.

Según los resultados del estudio elaborado por AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), el 79% de la población española considera que debería prohibirse la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores, mientras que un 91% apoya la prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. 

Es más, más de la mitad (54%) incluso defiende ampliar esa prohibición hasta los 18 años.

Un momento decisivo para la salud pública

Estos datos no solo son el reflejo de un consenso social amplio, sino también la señal de que la sociedad española está preparada para un cambio normativo. El ministro Pablo Bustinduy lo dejó claro durante la presentación del informe en el acto “De la evidencia a la acción: Regular la publicidad de los alimentos insanos”: en las próximas semanas el Gobierno hará pública una propuesta normativa para regular este tipo de publicidad “que tiene un efecto nocivo en la salud de las niñas, los niños y los adolescentes”.

Con esta declaración, el Ejecutivo recupera un compromiso que lleva años esperando materializarse. En marzo de 2022, el Ministerio de Consumo ya había llegado a elaborar un borrador de Real Decreto que regulaba la publicidad de alimentos y bebidas con perfiles nutricionales insanos destinados a público infantil. 

Aquella norma superó todos los pasos administrativos y técnicos, incluyendo el informe de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y el trámite de audiencia pública. Sin embargo, su aprobación definitiva se frustró en el último momento, quedando fuera del Plan Anual Normativo de 2023.

Ahora, con un clima social, político y científico más favorable, el contexto parece distinto. “Esta vez no se puede escapar”, subraya con contundencia Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, una de las organizaciones que lleva años reclamando este cambio junto a la Alianza por una Alimentación Saludable.

Guzmán insiste en que “el consenso social ya está garantizado”. Y no le falta razón: ocho de cada diez españoles apoyan medidas de protección frente a la publicidad dañina, y las principales organizaciones científicas respaldan la urgencia de actuar. 

Diversas investigaciones han demostrado que la exposición constante a contenidos publicitarios de productos ultraprocesados -especialmente en redes sociales o en medios audiovisuales consumidos por menores- ejerce una influencia directa sobre sus preferencias, incrementando el consumo de azúcar, grasas saturadas y sal.

Por eso, Guzmán reclama “una actuación valiente, rápida y contundente para evitar que el Decreto ley vuelva a descarrilar”. Esta valentía implica también asumir una verdad incómoda: que la salud de la población infantil no puede quedar supeditada a los intereses comerciales de la gran industria alimentaria.

Galicia, la vanguardia en la regulación de bebidas energéticas

Mientras tanto, Galicia ya ha dado un paso decisivo en la dirección que propone el barómetro estatal. A comienzos de este año, el gobierno gallego aprobó una medida pionera en España: la prohibición de la publicidad de bebidas energéticas dirigida a menores y la restricción de su venta a adolescentes.

La iniciativa, justificada por los riesgos de su alto contenido en cafeína, azúcar y otros estimulantes, marca un precedente importante. Galicia ha entendido que la prevención debe empezar desde la comunicación, no solo desde la venta. 

Desde Espacio Orgánico pensamos que limitar los mensajes que asocian las bebidas energéticas con el ocio juvenil, el rendimiento o la popularidad es una forma eficaz de proteger la salud y educar en consumo consciente.

Esta decisión autonómica pone presión al resto de administraciones y al Gobierno central: si una comunidad puede hacerlo, ¿por qué no el conjunto del país? 

La medida gallega demuestra que la regulación es posible y socialmente aceptada, al tiempo que responde coherentemente a las evidencias científicas sobre los daños potenciales de estas bebidas en adolescentes -desde alteraciones del sueño y ansiedad hasta problemas cardiovasculares o dependencia de la cafeína-.

Influencia digital y responsabilidad de los influencers

Una parte significativa del debate actual se centra en la publicidad encubierta que prolifera en redes sociales. Muchos influencers, seguidos por millones de menores, promocionan de forma directa o indirecta productos con un perfil nutricional claramente insano: refrescos azucarados, snacks ultraprocesados o, precisamente, bebidas energéticas.

Esta modalidad de marketing, difícil de rastrear y aún poco regulada, convierte a los influencers en los nuevos vehículos publicitarios de la industria alimentaria. Por eso, desde Justicia Alimentaria se reclama también la regularización de la publicidad digital, para que no haya excepciones ni vacíos legales. 

Quien promueva este tipo de productos a un público menor de edad debería acogerse a las mismas normas que la publicidad tradicional.

El contexto económico, político y social actual ofrece una oportunidad única. España se encuentra ante la posibilidad de alinearse con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la comunidad científica internacional, que llevan años llamando la atención sobre el impacto del marketing de alimentos insanos en la epidemia de obesidad infantil.

Si el Gobierno logra aprobar esta regulación en los próximos meses, marcará un precedente histórico en la protección de la salud pública. Ignorar de nuevo el consenso social y científico sería, en palabras de Javier Guzmán, “dejar morir una oportunidad madura y necesaria”.

Firma ciudadana y compromiso colectivo

Mientras tanto, las organizaciones sociales no piensan quedarse de brazos cruzados. Justicia Alimentaria mantiene activa su campaña de firmas para exigir la prohibición de la publicidad de alimentos insanos dirigida a la población infantil y juvenil, además de la regulación de la promoción de productos insanos por influencers.

Su mensaje es claro: necesitamos pasar de las palabras a los hechos. “Esta vez no se puede escapar”. El lema resume el sentir de una sociedad que observa con preocupación cómo la salud de las nuevas generaciones está en juego frente a los intereses de grandes grupos industriales.

Cada firma, cada acción y cada gesto ciudadano refuerzan el impulso político y social para que el Gobierno no demore más la aprobación del decreto. Porque proteger a la infancia no debería requerir tanto debate: basta con escuchar lo que la ciudadanía ya ha dicho de forma rotunda.

El reto de los próximos meses no es menor. Regular la publicidad de alimentos y bebidas insanas significa enfrentarse a poderosos intereses económicos, pero también implica apostar por un modelo de consumo coherente con la salud pública, la educación nutricional y los derechos de la infancia.