La Unión Europea está viviendo una desregulación ambiental y social sin precedentes, impulsada desde la Comisión presidida por Ursula von der Leyen. Bajo una fachada de “simplificación”, se están debilitando las normas que protegen a las personas y al medio ambiente. El resumen que sigue explica cómo, por qué y con qué consecuencias la UE está arriesgando sus conquistas medioambientales, sociales y de derechos fundamentales frente a la presión corporativa.
¿Qué está pasando con las normas "verdes" de la UE?
La Comisión Europea lleva meses promoviendo recortes en reglas esenciales diseñadas para garantizar desde el aire limpio y la comida saludable hasta los derechos sociales, laborales y digitales. Más de 470 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y colectivos ciudadanos han alertado de forma conjunta que estos retrocesos ponen en venta nuestra salud y nuestros derechos, favoreciendo los intereses de las grandes empresas en detrimento del interés público.
Lo que la Comisión llama “eliminar burocracia” es en realidad una ofensiva para aligerar la responsabilidad de las empresas (en general de las más contaminantes). Argumentan que, si las empresas tienen menos trabas, Europa será más competitiva e innovadora. Sin embargo, la historia europea -con episodios como la crisis financiera global o el caso Dieselgate- demuestra que la falta de reglas y controles trae consecuencias profundamente negativas para personas y planeta.
¿Qué normas se están debilitando?
Entre las regulaciones amenazadas están:
- Directiva de diligencia debida en sostenibilidad empresarial: Peligran las obligaciones de las empresas de controlar el impacto ambiental y social de sus cadenas de suministro, algo que en Espacio Orgánico consideramos fundamental.
- Directiva de información corporativa en sostenibilidad y Taxonomía UE: Menos transparencia sobre lo que las empresas hacen para ser sostenibles.
- Protección a hábitats, humedales y biodiversidad: Propuestas para retirar medidas agroambientales clave en la Política Agraria Común.
- Regulaciones sobre sustancias químicas peligrosas: Las medidas tendentes a endurecer las prohibiciones y obligaciones sobre productos químicos tóxicos han perdido fuerza y existen señales de mayor apertura hacia la industria de los agrotóxicos.
- Compromisos climáticos y economía circular: El objetivo climático para 2040 (bajar 90% emisiones respecto a 1990) permite cierta flexibilidad que podría rebajar la ambición del proyecto, abriendo la puerta a créditos internacionales de carbono en vez de cumplir con los deberes en casa.
¿Cómo se está produciendo esta desregulación?
Según las organizaciones que están alertando de esta situación, la estrategia de la Comisión se apoya en tres pilares:
- Medidas como los “Diálogos de Implementación”, “Consultas Específicas” y “Verificaciones de la Realidad” dan protagonismo a las empresas más potentes (que en muchas ocasiones son también las más contaminantes) en el proceso legislativo, mientras las organizaciones que representan el bien común quedan relegadas.
- Se acelera la aprobación de leyes con “procedimientos de urgencia”, impidiendo el debate público y parlamentario.
- Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley pierden recursos y personal debido a recortes y políticas de austeridad.
Como resultado, la toma de decisiones está cada vez más sesgada hacia los intereses corporativos menos sensibles desde el punto de vista ecológico, y se está socavando el principio democrático de la legislación europea.
Este giro hacia la desregulación pone en peligro muchos de los avances logrados en justicia social y ambiental. Destacan impactos como:
- Freno a la acción climática y a la protección ambiental.
- Desprotección de los derechos de los consumidores.
- Aumento de la desigualdad.
- Menor transparencia y capacidad de las personas afectadas para acceder a la justicia.
- Vulnerabilidad ante crisis financieras, sanitarias o ambientales.
La denuncia está respaldada por una coalición diversa de colectivos entre los que están organizaciones ambientales internacionales como Greenpeace o Amigos de la Tierra. Sus demandas se centran en reforzar -no debilitar- la protección legislativa en ámbitos como el bienestar social y los derechos laborales; la justicia climática y medioambiental y la prohibición de sustancias tóxicas: la transparencia, rendición de cuentas corporativa y acceso justo a la justicia; la implicación real de la sociedad civil y los colectivos afectados en la elaboración de nuevas leyes; la dotación de recursos a los organismos públicos para garantizar la aplicación efectiva de la normativa que proteja todo ello o la defensa activa de los derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos de la UE y en la legislación internacional.
En un contexto de destrucción climática y retroceso democrático, las organizaciones firmantes exigen más protecciones. Advierten de que el argumento de que “proteger ahora es demasiado caro” es una trampa peligrosa: a la larga, los costes de la desregulación serán mucho mayores en salud, ecología, seguridad, derechos y calidad de vida.
La defensa del bien común, la naturaleza y la justicia social deberían ser el eje de la política europea, no una moneda de cambio ante la presión de los sectores industriales más contaminantes.
¿De qué manera afecta esto a la vida cotidiana?
Para alguien que busca llevar una vida saludable, lo más ecológica posible y justa, como el público de Espacio Orgánico, las consecuencias de este proceso serían visibles en aspectos muy concretos:
- Alimentos menos seguros, menos información clara en el etiquetado y menor apoyo a la producción ecológica local.
- Mayor exposición a contaminantes y sustancias químicas dañinas.
- Menor garantía de que los productos que se consumen provienen de cadenas sostenibles y respetuosas.
- Menos mecanismos de protección y defensa ante abusos de los grandes sectores industriales.
- Riesgo de retrocesos en derechos de privacidad y protección digital como consumidor.
Gracias a la denuncia pública y la implicación social, algunas retiradas de derechos han sido evitadas o frenadas, lo que demuestra la importancia de exigir una Europa verdaderamente preocupada por el medio ambiente, inclusiva y justa.
En conclusión, la UE está atravesando una encrucijada: puede optar por reforzar el compromiso con la justicia ambiental y social o ceder ante las presiones de quienes buscan más beneficios a costa del bien común. Se necesitan más protecciones, no menos. Solo así, con una ciudadanía informada y activa, podremos conservar una Europa donde vivir sano, justo y sostenible sea un derecho, no un privilegio.
¿Qué está ocurriendo en Europa con las normas que protegen el medio ambiente?