Un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal (BMJ, enero de 2026) señala que la relación entre ultraprocesados y enfermedad no depende tanto de las calorías, sino de la composición y grado de transformación de los productos.

Y es que durante décadas la industria de los "alimentos" ultraprocesados y de la carne industrial ha repetido el mismo estribillo: todo vale, mientras se coma con moderación. 

Ese mensaje, sencillo y rentable, ha servido para desviar la conversación sobre lo importante: qué comemos, cómo se produce y quién gana con ello. Hoy la ciencia desmonta ese mito con argumentos difíciles de ignorar.

El trabajo, realizado con más de 78.000 personas en cinco países europeos, muestra que quienes consumen más del 30% de sus calorías diarias en alimentos ultraprocesados tienen un 32% más de riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas y un 28% más de mortalidad asociada a cáncer y enfermedades cardiovasculares.

No hablamos de excesos aislados, sino de un patrón alimentario estructural. Los investigadores destacan la combinación de aditivos, edulcorantes sintéticos y pérdida de fibra como detonantes de una disbiosis intestinal que altera el metabolismo y el sistema inmunitario.

El BMJ advierte además de que algunos aditivos -como los fosfatos, benzoatos o emulsionantes sintéticos- están actuando como disruptores endocrinos silenciosos. Para los autores, la urgencia no está en reducir el azúcar o la grasa de los alimentos, sino en revisar el propio modelo de procesamiento industrial y los permisos regulatorios que lo sostienen.

Chile: del etiquetado pionero a la nueva revolución alimentaria

Si hay un país que demuestra que se puede pasar de la evidencia científica a la acción política, es Chile. Ya en 2016 marcó un precedente con el sistema de sellos negros de advertencia que alertan sobre exceso de calorías, azúcares o sodio. Pero el país andino ha ido más allá.

En 2025, el gobierno chileno extendió la normativa de advertencias para incluir el uso de edulcorantes artificiales -como sucralosa y aspartamo- y los aditivos industriales presentes en carnes procesadas y bebidas ultraprocesadas. Así nacieron nuevas etiquetas como “Contiene aditivos industriales” y “Alto en edulcorantes”.

Los resultados han sorprendido incluso a las autoridades: en menos de un año, las ventas de refrescos azucarados cayeron un 21%, los snacks industriales un 18%, y el consumo de frutas y legumbres aumentó un 12%.

Según el Instituto Nacional de Salud Pública chileno, las familias de bajos ingresos fueron las que más modificaron sus hábitos, confirmando que la regulación puede empoderar a quienes menos opciones tienen.

Chile también avanza en educación alimentaria, incorporando materias de cocina saludable y agroecología en los colegios públicos. No se trata de prohibir, sino de restablecer un entorno que favorezca las decisiones saludables.

Nueva York: justicia alimentaria

A 8.000 kilómetros de Santiago, Nueva York vive otra revolución alimentaria. En noviembre de 2025, el alcalde Zohran Mamdani lanzó el programa Food Commons NY, plan que cubre ya más de cuarenta barrios de bajos ingresos y busca revertir los llamados food deserts, zonas urbanas donde no hay acceso fácil a alimentos frescos.

Y se han aprobado ayudas fiscales para restaurantes que prioricen ingredientes de temporada y proveedores de proximidad, como hacemos en Espacio Orgánico (en nuestro restaurante de Alcobendas todo nuestro producto es 100% ecológico certificado). 

En una década, el coste de los alimentos básicos en Nueva York se había disparado un 66%. La iniciativa ha abastecido en unos meses a 1,2 millones de personas y ha reducido en un 25% el precio medio de la cesta fresca. 

Más allá de las cifras, lo relevante del modelo neoyorquino es su filosofía política: considera la alimentación un derecho público y no una mercancía. El programa combina precios justos, formación en economía social y créditos alimentarios equivalentes a vales locales.

Reino Unido: fin al marketing de la comida basura

El Reino Unido ha abierto otro frente de batalla: la publicidad dirigida a menores. Desde enero de 2026 está en vigor una de las regulaciones más estrictas del mundo: queda prohibida la difusión de anuncios de comida ultraprocesada y bebidas azucaradas en televisión antes de las 21:00 h y en plataformas digitales con público infantil.

Un informe del Ministerio de Sanidad británico señalaba que los niños veían de media 15 anuncios diarios de productos ultraprocesados y que uno de cada tres menores de 11 años tenía exceso de peso.

Tras seis meses de aplicación, el National Food Council reporta una reducción del 54% en la exposición publicitaria infantil, lo que podría traducirse en miles de casos de obesidad evitados en la próxima década.

El cambio también ha tenido un impacto cultural: las marcas han tenido que reinventar sus estrategias, sustituyendo el lema del “placer sin culpa” por mensajes relacionados con la calidad real y el origen de los alimentos.

Aunque las grandes corporaciones han intentado bloquear la medida, el gobierno británico mantiene su postura: controlar la publicidad no es censura, es prevención sanitaria.

España: inacción política

Mientras otros países avanzan, España permanece en un punto muerto. A pesar de los anuncios de reforma, no se ha limitado la publicidad de comida insana dirigida a menores ni se han revisado los límites de aditivos en carnes procesadas.

Los datos son claros: consumimos cuatro veces más carne procesada y embutidos que la cantidad máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, más del 60% de los productos del carrito de la compra son ultraprocesados.

Este exceso se traduce en un aumento de obesidad infantil, patologías cardiovasculares y enfermedades metabólicas que tensan el sistema sanitario.

Pero el problema es más profundo: el modelo agroalimentario español está cada vez más concentrado. Cinco grandes distribuidoras controlan la mayor parte del mercado, imponen precios a los productores y elevan los márgenes para los consumidores.

El comercio agroecológico sobrevive en los márgenes, mientras las megagranjas intensivas continúan recibiendo financiación pública.

Según la campaña Carne de Cañón de Justicia Alimentaria, cada año podrían evitarse más de 17.000 casos de cáncer colorrectal y 270.000 enfermedades cardiovasculares si se redujese el consumo de carne procesada a niveles saludables.

Más allá de la culpa individual: elegir ecológico

Durante años se nos ha repetido que todo depende de “elegir bien y comprar sano”. Pero esa idea, tan cómoda para la industria, olvida un hecho crucial: la mayoría de las decisiones alimentarias se toman en entornos pensados para fomentar el consumo industrial, no la salud.

Los pasillos infinitos de los grandes supermercados están diseñados para seducir con envases brillantes, aditivos disfrazados de sabor y mensajes emocionales que confunden lo natural con lo fabricado.

España tiene un punto de partida excepcional para potenciar el modelo agroecológico: su red de mercados municipales, pequeños productores y huertas cercanas. Si se apoyara la producción ecológica de proximidad podríamos caminar hacia un modelo donde la comida sana, BIO, sea accesible para todas las personas.

Reforzar esa infraestructura y reducir los subsidios a la ganadería intensiva y a los ultraprocesados no es radical: es sensato... y urgente.

No estamos ante una moda “eco”, sino ante una cuestión de salud pública, justicia social y planetaria. El modelo actual -basado en producción intensiva, distribución concentrada y marketing fraudulento- no solo enferma cuerpos, también erosiona suelos, agota agua y destruye biodiversidad.

Necesitamos un nuevo contrato social con la alimentación, donde lo ecológico no sea una etiqueta sino una forma de organizar la economía y cuidar la vida. Medidas como estas marcan el rumbo:

• Etiquetado claro y honesto, que informe sobre aditivos y grado de procesamiento.
• Prohibición de nitritos y fosfatos en carnes procesadas.
• IVA 0% para frutas, legumbres y verduras frescas de cultivo ecológico.
• Espacios orgánicos con producto de temporada.
• Publicidad responsable, sin mensajes que promuevan comida insana entre menores.
• Apoyo estable a la ganadería extensiva y a la agricultura ecológica, pilares de la soberanía alimentaria.

Estas políticas no solo mejorarían la salud colectiva: reducirían el gasto sanitario, fortalecerían la economía local y ayudarían a frenar el deterioro ambiental. Lo ecológico ya no es una opción alternativa; es la vía más coherente hacia un futuro habitable.